La Defensoría del Pueblo exhorta a las próximas autoridades del Ejecutivo y del Congreso de la república a discutir las iniciativas legislativas sobre matrimonio igualitario, identidad de género y la prohibición de terapias de reconversión, respecto de las cuales la institución ha emitido opinión favorable y aún no han sido sometidas a aprobación.
En 2018, la Defensoría del Pueblo publicó el informe de adjuntía 007-2018-DP/ADHPD, “A dos años del Informe Defensorial n.º 175. Estado actual de los derechos de las personas LGBTI”, en el que se dio cuenta de la grave situación de vulnerabilidad frente a la violencia y la discriminación en que se encontraba este colectivo conformado no solo por adultos sino también por niños, niñas y adolescentes; sobre estos últimos, el Comité de Derechos del Niño ha resaltado que se encuentran en situación de vulnerabilidad potencial. Basta señalar, que, en el 2018 una supervisión nacional a más de mil colegios de educación básica regular y 318 centros de educación básica alternativa, identificó que solo la mitad de docentes responsables de la convivencia escolar sin violencia conocía el concepto LGBTI.
Los representantes de la Defensoría del Pueblo señalaron que pese a los esfuerzos realizados, los derechos de las personas LGBTI en el país no han mejorado, ya que persisten estereotipos y prejuicios vinculados a la orientación sexual de las personas, así como a su identidad y expresión de género que constituyen los principales motivos de discriminación.
HABLAN LAS CIFRAS
El sistema especializado en reporte de casos sobre violencia escolar (Siseve) del Ministerio de Educación, advierte que el 11 % (23) de los 202 casos registrados en los primeros cinco meses de este año fueron por motivos de orientación sexual.
En el ámbito de la justicia, debe añadirse a este panorama la insuficiente implementación de un registro de denuncias e investigaciones fiscales y procesos judiciales que involucren delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, así como de discriminación, en agravio de personas LGBTI. Asimismo, el Perú no cuenta aún con un procedimiento que permita la adecuación de los registros civiles y de identidad para las personas trans, tal como ha sido considerado en la jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional y como ha sido recomendado por la Defensoría del Pueblo en el marco de los estándares internacionales establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
