Fue declarada infundada la apelación presentada por el gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo, contra la detención preliminar de siete días que cumple, por el presunto delito de colusión agravada en la construcción y equipamiento del área Covid-19 del hospital Regional Eleazar Guzmán.
Tras un largo debate, la Primera Sala Penal de Apelaciones decidió rechazar el recurso presentado por la defensa de la autoridad regional, así como por los ocho funcionarios involucrados en este caso y la empresaria constructora Ninel Romero Bartusiak, quien se encuentra prófuga de la justicia.
La defensa de los investigados cuestionó la decisión del magistrado, señalando que no se cumplía con los requisitos para dictar esta medida coercitiva. Sin embargo, los jueces superiores consideraron que la resolución estaba debidamente motivada como para dictar un mandato de detención preliminar.
