De acuerdo con un informe publicado en el diario El Comercio hace unos días, dos de cada tres venezolanos en Lima, Arequipa, Cusco, Tacna y Tumbes se han sentido discriminados, principalmente por su nacionalidad. Pero de manera alarmante estos brotes de xenofobia no se han quedado en el campo particular, sino que se han extendido también al ámbito oficial o de políticas públicas.
Entre esas cinco ciudades, Arequipa es la ciudad con mayor percepción de rechazo, seguida por Tacna y Cusco. El principal motivo de la discriminación sería su nacionalidad, al igual que su género, edad, rasgos étnicos, religión y orientación sexual.
Un ejemplo de ello fue cuando el Gobierno Regional de Cusco publicó una ordenanza que prohibía sustituir a trabajadores peruanos por extranjeros, específicamente de nacionalidad venezolanos contratados informalmente. Por su parte el Ministerio de Trabajo indicó, que el reemplazo de algunos trabajadores por venezolanos con un menor sueldo sería una práctica “discriminatoria” y, con lo cual, pasible de multas.
Como es bien sabido en cualquier nación la competencia por empleos en determinados sectores genera tensiones y mucha rivalidad entre migrantes y la población local, pero recientes actitudes exceden ampliamente el recelo laboral.
En el mes de marzo, Henry López, alcalde de Huancayo, anunció que presentaría una ordenanza “frente a la creciente y descontrolada presencia de extranjeros”, motivo por el cual el Ministerio Público le abrió una investigación de oficio por discriminación.
Hace algunas semanas, municipalidades como las de Pisco o Miraflores han dispuesto un “empadronamiento” que consiste en una solicitud aleatoria de documentos de ciudadanos venezolanos, una medida abiertamente discriminatoria e ilegal, pues el registro de extranjeros no les corresponde a las comunas sino a la Superintendencia Nacional de Migraciones.
Otro factor, que marcaría el crecimiento de la xenofobia contra migrantes venezolanos, sería la circulación de noticias falsas vía redes sociales sobre supuestos secuestros de niños peruanos por parte de bandas de delincuentes venezolanos, muy al estilo de psicosociales destinados a infligir el máximo daño y temor en la población.
Pero la preocupación por la inseguridad ciudadana no debería ser usada para justificar actitudes discriminatorias, ya que los delitos son siempre de naturaleza individual y no pertenecerían a ningún colectivo étnico o de alguna nacionalidad.
Estas malas practicas están haciendo un enorme daño a la seguridad jurídica, pero sobretodo a los derechos de los miles de venezolanos que trabajan honradamente en el Perú, que llegaron a nuestra tierra buscando escapar de la terrible crisis que vive su país, que llegaron con la esperanza de hacerse un mejor futuro para ellos y sus familias.
