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Hace 2 horas

Bryan Torres podría ir a prisión hasta por 12 años tras agresión a Samahara Lobatón, según especialista

Una abogada en derecho de familia explicó cuáles serían las consecuencias penales y por qué el caso ya es evaluado como tentativa de feminicidio por el Estado.

Foto: Composición Panamericana Televisión. Instagram/ATV.



La presunta agresión física de Bryan Torres contra la influencer Samahara Lobatón podría derivar en una pena de hasta 12 años de prisión, según advirtió la abogada especialista en derecho de familia Mayda Mendoza, tras la difusión de un video que evidenciaría el ataque ocurrido en un domicilio del distrito de Surco. El caso ha generado amplia repercusión por tratarse de un nuevo episodio de violencia contra la mujer en el ámbito del espectáculo peruano.

En diálogo con Exitosa, la especialista explicó que el registro audiovisual constituye una prueba relevante dentro de una investigación penal por violencia familiar. Según precisó, en casos de lesiones graves la pena oscila entre 4 y 8 años; sin embargo, cuando se trata de violencia contra integrantes del grupo familiar, como en este caso, la sanción puede elevarse de 8 a 12 años de cárcel efectiva, siempre que los hechos sean debidamente acreditados.

DENUNCIA PUEDE PROCEDER SIN QUE LA VÍCTIMA LA PRESENTE

Mendoza subrayó que la denuncia no requiere necesariamente que sea interpuesta por la víctima directa. Tras la acción legal iniciada por Melissa Klug, madre de Samahara Lobatón, la abogada recordó que cualquier persona puede denunciar un hecho de violencia familiar. Añadió que, aunque el episodio habría ocurrido en 2025 y la pareja continuó su relación, ello no impide que el proceso penal siga su curso si existen medios probatorios contundentes.

TENTATIVA DE FEMINICIDIO

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) expresó su rechazo al hecho y lo calificó como tentativa de feminicidio. La entidad informó que el Programa Nacional Warmi Ñan ya brindó atención inicial a la agraviada y que el caso viene siendo evaluado por la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público, con el objetivo de que no quede impune y se determinen las responsabilidades penales correspondientes.


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