Apoderarse del dinero recaudado para una fiesta o viaje de promoción escolar puede acarrear graves consecuencias penales. Según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), el tesorero o responsable que decida apropiarse de estos fondos estaría incurriendo en el delito de apropiación ilícita, el cual puede ser sancionado con una pena de hasta 10 años de prisión, dependiendo de la gravedad del caso.
Carlos Castillo, supervisor de la Defensa Pública del Minjusdh, explicó que cuando una persona recibe dinero con un fin específico —como la organización de una actividad de promoción— y posteriormente lo incorpora a su patrimonio personal, se configura una acción ilícita tipificada en el artículo 190 del Código Penal. Esta conducta afecta directamente a padres de familia y estudiantes que confiaron en la correcta administración de los fondos.
El funcionario advirtió que este tipo de casos es recurrente, especialmente en épocas cercanas al cierre del año escolar. Solo en lo que va del año, la Defensa Pública ha registrado más de 2.500 denuncias vinculadas a situaciones similares, muchas de ellas relacionadas con padres de familia que incumplen sus responsabilidades y perjudican económicamente a todo un salón de clases.
RECOMENDACIONES
Ante esta problemática, Castillo recomendó a los padres aperturar cuentas mancomunadas para garantizar una supervisión adecuada del dinero, conservar comprobantes de depósito y respaldos de comunicación, y mantenerse alertas ante cualquier movimiento irregular. Además de la pena privativa de la libertad, la persona responsable deberá devolver el dinero sustraído y cumplir con el pago de una reparación civil establecida por el Poder Judicial.
