En medio de la creciente crisis por delitos de extorsión que golpea al sector transporte, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) aprobó un beneficio económico dirigido a transportistas formales, que permitirá reducir hasta en un 95% las sanciones por infracciones administrativas en el transporte terrestre de personas, con el fin de aliviar su carga financiera y fortalecer la formalidad.
La medida fue oficializada mediante una resolución publicada en el diario oficial El Peruano y da origen al Programa de Regularización de Sanciones (PRS), iniciativa adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). El programa busca evitar que las multas acumuladas se conviertan en un obstáculo para la continuidad del servicio público y el cumplimiento de las obligaciones administrativas.
El beneficio alcanza a todas las modalidades de transporte terrestre, tanto regular como especial, incluyendo buses convencionales, taxis y transporte de personal y de estudiantes. Para acceder, los conductores deben ser transportistas formales, reconocer voluntariamente la infracción cometida y desistir de cualquier recurso administrativo que se encuentre en trámite.
ALIVIO FINANCIERO EN MEDIO DE LA CRISIS POR EXTORSIÓN
El PRS contempla además la condonación del 100% de los costos y gastos administrativos, la conclusión de procedimientos de ejecución coactiva y establece que las sanciones regularizadas no serán consideradas como reincidencia. La vigencia del programa se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026, y los interesados cuentan con un plazo de 30 días hábiles desde la publicación de la norma para acogerse al beneficio, el cual no aplica al transporte informa.
