El miedo se ha convertido en compañero de ruta para cientos de choferes y cobradores del transporte público en Lima. La inseguridad en las calles ha alcanzado niveles alarmantes, con bandas delictivas que cobran cupos a los trabajadores del volante bajo amenaza de muerte. En zonas como San Juan de Lurigancho, Carabayllo y Ate, grupos criminales exigen pagos que pueden ser tan bajos como cinco soles, pero la negativa a entregar esa cantidad puede costar la vida.
La empresa de transporte Santa Catalina es una de las más golpeadas por esta ola de violencia. Solo en lo que va del 2025, ha sufrido siete atentados. Dos choferes han sido asesinados, varios buses han sido incendiados y en algunos casos incluso se han encontrado explosivos dentro de las unidades. El mensaje es claro: quienes no se someten al cobro ilegal, arriesgan su vida y la de sus pasajeros.
El precio de no pagar: cinco soles por una vida
Los testimonios de conductores reflejan una profunda desesperación. Muchos aseguran que no pueden trabajar tranquilos, mientras otros optan por evitar ciertas rutas o turnos para protegerse. Lo más alarmante es que la extorsión no distingue entre el transporte formal e informal. Incluso mototaxistas y colectiveros han sido blanco de amenazas, lo que evidencia el crecimiento descontrolado de estas mafias en todos los niveles del transporte urbano.
A pesar de la gravedad de los hechos, el Estado no parece tener una respuesta clara. Los trabajadores del transporte sienten que no cuentan con el respaldo necesario de las autoridades. Mientras tanto, ciudadanos inocentes —incluidos pasajeros— han resultado heridos o muertos por balas perdidas durante estos ataques. La violencia ha dejado de ser un hecho aislado y se ha convertido en una rutina trágica que cobra vidas a diario.
