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Hace 4 horas

Alertan riesgo de retrasos en obra de agua y alcantarillado que beneficiará a más de 286 mil personas

Contraloría detectó que Programa Agua Segura otorgó buena pro sin actualizar presupuesto de seguridad laboral, pese a comprometer mejoras durante licitación.

Foto: Contraloría



La Contraloría General de la República alertó que el Programa Agua Segura para Lima y Callao (PASLC) adjudicó una obra de S/839.8 millones para mejorar sistemas de agua y alcantarillado en Carabayllo y San Antonio (Huarochirí) sin modificar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

En ese sentido, estaría incumpliendo compromisos asumidos durante el proceso de licitación. Esta omisión podría generar controversias y retrasos en el proyecto que beneficiaría a casi 300 mil habitantes.

Adjudicación con irregularidad técnica

Según el Informe de Hito N°072-2025-OCI/5303-SCC, el PASLC (adscrito al Ministerio de Vivienda) convocó en diciembre de 2024 la licitación para el proyecto de agua potable. Durante las consultas, respondió a cinco observaciones específicas comprometiendo la inclusión de equipos de seguridad como medidores de gases y trípodes de rescate en el presupuesto.

Incumplimiento detectado

Auditores verificaron que el expediente técnico registrado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) mantiene el presupuesto original sin incorporar los equipos prometidos como mallas naranjas, alcoholímetro, cilindros plásticos o postes de seguridad. Esta inconsistencia fue detectada entre el 24 de abril y 7 de mayo durante supervisiones de control.

Riesgos y beneficiados afectados

El organismo señaló que la discrepancia entre lo ofertado y lo contratado podría generar disputas legales con el contratista y retrasos críticos. Recomendó notificar al Ministro de Vivienda para implementar medidas correctivas inmediatas que garanticen la ejecución oportuna de la obra.

La iniciativa busca mejorar redes de agua y alcantarillado en los Sectores 352-360 de Carabayllo y Nuevas Habilitaciones de San Antonio. La Contraloría enfatizó que cualquier demora impactaría directamente a los 286,644 beneficiarios proyectados.


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