La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) expresó su rechazo al proyecto de ley presentado por la congresista Patricia Chirinos, que plantea disolver dicha entidad y devolver sus competencias a los municipios de ambas provincias. David Hernández, presidente de la ATU, señaló que la iniciativa refleja un desconocimiento profundo de la legislación vigente y de las responsabilidades que ejerce su institución, establecida precisamente para enfrentar los problemas históricos del transporte en una ciudad con continuidad urbana.
Críticas y preocupaciones por impacto en la gestión del transporte
Hernández subrayó que la Ley de Municipalidades establece desde hace décadas que, ante conurbaciones como Lima y Callao, debe existir un solo ente rector del transporte. Reiteró que desarticular la ATU significaría retroceder en la gestión integral del sistema, afectando directamente a los usuarios. A su vez, Ángel Mendoza, vocero de la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano (ACTU), criticó la propuesta por supuestamente responder a intereses políticos, advirtiendo que entregarle nuevamente el control del transporte a los municipios solo fortalecería a sectores informales que generan desorden y afectan las inversiones del sector formal.
El proyecto legislativo, respaldado por varios congresistas de Renovación Popular —partido liderado por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga—, argumenta que la creación de la ATU en 2018 representó una centralización que vulneró la autonomía municipal. Sin embargo, esta postura ha sido cuestionada por expertos como Martín Ojeda, de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, quien advirtió que antes de la creación de la ATU, el transporte en Lima y Callao se encontraba en caos debido a la ausencia de coordinación entre ambas municipalidades.
Ojeda también recordó que la creación de la ATU se basó en estudios técnicos que diagnosticaron un atraso histórico en la planificación del transporte urbano. Aunque reconoció que la institución enfrenta obstáculos, como la interferencia política y la falta de autonomía plena, sostuvo que desmantelarla significaría desconocer los avances logrados y retornar a un modelo de gestión fragmentado que ya fracasó en el pasado.
