Por: Claudia Huertas ✍️
Perú enfrenta una de sus épocas más violentas con cifras de asesinatos y extorsión que parecen no disminuir. En este escenario, la Policía Nacional del Perú (PNP) depende de un sistema de telecomunicaciones para coordinar operativos, recibir denuncias, y actuar rápidamente ante las amenazas en tiempo real y salvaguardar a la ciudadanía. Estos servicios de conectividad de datos en banda ancha, plataformas digitales interconectadas y la seguridad informática gestionada para unidades policiales a nivel nacional son herramientas importantes para combatir la delincuencia en el país. Sin embargo, Panamericana.pe accedió a información que revela que estas asistencias podrían estar en peligro de interrupción debido a observaciones realizadas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) en una millonaria contratación directa realizada por la PNP.
El convenio, valorado en más de S/ 202 millones y adjudicado a Viettel Perú S.A.C. (Bitel), fue firmado en julio de este año bajo la modalidad de contratación directa. Según el OSCE, este acuerdo presenta irregularidades como la sobrevaloración del servicio, falta de justificación técnica para que sea válido por 24 meses, y la participación de funcionarios sin certificación en el proceso de selección. La ausencia de respuesta oficial por parte de la PNP para levantar estas observaciones podría desembocar en la anulación del contrato, lo que dejaría a la policía sin conectividad y en riesgo de no poder operar sus líneas de emergencia en plena crisis de inseguridad.
POSIBLES SANCIONES Y RIESGO DE DESABASTECIMIENTO
El contrato de dos años fue justificado por la Policía Nacional bajo la figura de “desabastecimiento inminente,” argumentando que era necesario cubrir el vencimiento del servicio actual, previsto para el pasado 5 de noviembre, y por la cercanía de la Cumbre APEC. Sin embargo, Panamericana.pe dialogó con el especialista en licitaciones públicas, César Candela, sobre el caso, y él sostiene que este tipo de contratación debería ser solo una medida temporal.
“La contratación directa se da cuando el proveedor es único en el mercado, se da cuando se está realizando un procedimiento para renovar un proveedor y de repente no te dan los tiempos porque se apeló, porque la convocatoria se demoró; en esos casos la norma dice que si la entidad tiene una emergencia puede contratar hasta por el 30% del contrato original. En todo caso puedes contratar a la misma empresa o a otra, pero solo por ese porcentaje (…) Lo que no puedes hacer es realizar una convocatoria por contratación directa como lo han hecho”, explicó el abogado al portal web de Panamericana Televisión.
El letrado agregó que este tipo de acuerdo legal está pensado para ser una solución provisional y limitada, hasta que se complete un proceso de licitación adecuado. Sin embargo, el contrato de la PNP fue extendido a dos años, lo que contradice la naturaleza de emergencia de este tipo de convenios.
“En este caso, en lugar de contratar por el 30% hasta que salga una licitación, se optó por un contrato de dos años. Una contratación directa no es para eso; es para cubrir el tiempo necesario hasta que el proceso regular avance”, detalló el experto.
El dictamen del OSCE también señala la posibilidad de que funcionarios de la PNP enfrenten responsabilidad administrativa por no haber planificado adecuadamente el proceso, un fallo que derivó en una contratación de emergencia que hoy está en la cuerda floja.
“De comprobarse esta responsabilidad, debería abrirse una comisión disciplinaria para sancionar previa investigación a los servidores correspondientes dentro de la policía, y de ahí recién determinar las responsabilidades administrativas o penales de ser el caso. El proceso de sanción a funcionarios o servidores es una comisión que se instala en caso que se detecte, según este informe, que hay demora por omisiones administrativas de parte de funcionarios que debieron actuar con mayor prontitud para lanzar un procedimiento, pero eso se determina vía proceso”, sostuvo Candela.
“Lo que creo, desde mi punto de vista, es que hay un uso de una figura (la contratación directa) para extender un contrato mayor al que la norma establece”, opinó.
¿QUÉ PASARÁ CON LA CONECTIVIDAD DE LA POLICÍA?
Si la Policía Nacional no responde a las observaciones, el contrato podría ser declarado nulo. Esto dejaría a la institución en una situación delicada, ya que tendría que realizar un nuevo contrato de emergencia para cubrir el servicio, lo que podría tomar un tiempo indeterminado. Mientras tanto, la conectividad de la PNP, y con ella la operatividad de sus servicios tecnológicos estaría en riesgo. “Si el contrato es anulado por no cumplir con los requisitos, la institución podría quedarse completamente desabastecida. Declarar la nulidad demoraría unos meses”, mencionó el especialista en licitaciones públicas.
Con la expiración los servicios del contrato anterior, la falta de un sistema de conectividad amenaza con desarmar una de las herramientas más importantes de la PNP para enfrentar el crimen y coordinar esfuerzos de seguridad. En un país donde el clima de inseguridad no da tregua, la posibilidad de una interrupción en las comunicaciones de la policía es un panorama de temer.
Cabe mencionar que, Panamericana.pe se contactó con la Contraloría General de la República, y el área de prensa confirmó que se está elaborando un informe sobre este caso. En esa línea, Candela aclara que el OSCE, como ente supervisor, no sanciona a funcionarios, pero puede exigir que se tomen medidas correctivas. En cambio, la Contraloría sí podría señalar responsabilidades administrativas o incluso penales, en cuyo caso el procurador interpondría una denuncia contra los funcionarios involucrados.
Por último, en el marco de esta investigación, el presente medio web intentó comunicarse con el OSCE para obtener más detalles sobre las observaciones realizadas, pero no se obtuvo respuesta. Asimismo, se buscó diálogo con la empresa involucrada, Bitel, a través de la agencia de relaciones públicas Métrica, pero sin obtener ninguna declaración oficial. Finalmente, se solicitó una breve entrevista con la Dirección de Comunicación e Imagen Institucional de la PNP, pero la institución solo respondió que: "Lamentamos no poder atender por el momento debido a que las unidades policiales y oficiales PNP se encuentran avocados a acciones de lucha contra la criminalidad, prevención de delitos y otras comisiones”.
CRONOLOGÍA DEL CASO
5 de marzo de 2024: La Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la PNP emite el Informe N° 98-2024, advirtiendo sobre un inminente desabastecimiento del servicio de conectividad que afectaría a la PNP desde el 5 de noviembre de 2024 y solicitando una contratación directa para evitar la interrupción.
6 de marzo de 2024: La PNP envía una solicitud de cotización para un estudio de mercado, dando inicio al proceso de selección de proveedores para el servicio.
26 de junio de 2024: Se emiten el Informe Técnico N° 049-2024 y el Informe Legal N° 064-2024, justificando la contratación directa bajo la causal de "Situación de Desabastecimiento", debido a la falta de recursos para realizar una licitación pública.
3 de julio de 2024: La PNP registra oficialmente la contratación directa en el SEACE bajo el código DIRECTA-PRO-1-2024-DIRECFIN PNP-1.
10 de julio de 2024: En el marco de una supervisión de oficio, el OSCE solicita a la PNP información adicional para evaluar el contrato.
11 de julio de 2024: La PNP firma el Contrato N° 25-2024-DIRECFIN-PNP con Viettel Perú S.A.C. por un monto de S/ 202,168,668.88, con una duración de 24 meses (5 meses de implementación y 19 meses de ejecución).
11 de septiembre de 2024: El OSCE emite un dictamen final con observaciones y recomendaciones, indicando que el contrato de 24 meses excede las limitaciones de una contratación directa temporal. El OSCE establece un plazo de cinco días hábiles para que la PNP informe sobre las acciones correctivas adoptadas, e insta a evaluar la responsabilidad administrativa de los funcionarios involucrados en la planificación del contrato.
4 de noviembre del 2024: Fuentes de la Contraloría General de la República confirman a Panamericana.pe que están al tanto del caso y emitirán un informe próximamente.
6 de noviembre del 2024: Telefónica emite comunicado donde señala que corta su servicio de internet a la PNP por sanción que lo inhabilita a seguir contratando con el Estado. El mismo día, el Ministerio del Interior confirmó cambio de operador y señaló que "ningún servicio policial se vio afectado" tras anunciar contrato con Bitel.
