La Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado inhabilitó a las universidades Esan y San Ignacio de Loyola (USIL) por un periodo de tres años, debido a que ambas casas de estudios presentaron documentos falsos para ganar contratos públicos.
Usil fue sancionada ya que para adjudicarse un servicio de capacitación en el año 2016, el profesor Manuel Fabian Oyarse Póstigo declaró que realizó talleres en la Universidad del Pacífico, sin embargo esta casa de estudios desmintió dicha información argumentando que su vínculo contractual con el docente culminó en el 2010.
En el caso de la Esan, este centro de estudios ejecutó un servicio a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) en el 2018, sin embargo se objetó la inclusión de la profesora Vilma Jeny Vilca Apaza en dicha prestación.
La objeción se debió a que la profesora señaló que tenía cómo experiencia previa haber realizado labores en un colegio de Villa María del Triunfo, información que finalmente fue desmentida.
