Un reciente informe de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) revela que al menos 21 personas probablemente inocentes han sido ejecutadas en Estados Unidos desde 1973, cuando se reinstauró la pena de muerte moderna. El reporte, titulado Fatal Flaws: Innocence, Race and Wrongful Convictions, alerta sobre la existencia de racismo estructural, confesiones forzadas y errores de identificación, y advierte que podría haber más casos ocultos.
Entre los casos señalados se encuentran Carlos DeLuna, un latino ejecutado en 1989 en Texas tras ser identificado erróneamente por un asesinato en Corpus Christi, y Leo Jones, un afroamericano ejecutado en Florida en 1998 luego de una confesión coaccionada y un jurado compuesto únicamente por personas blancas. El informe destaca que 11 de los 21 reos ejecutados eran de minorías raciales, mientras que en 16 de los casos la víctima era blanca.
EXONERACIONES Y FACTORES QUE EXPLICAN LOS ERRORES JUDICIALES
La ACLU recuerda que al menos 200 personas sentenciadas a la pena de muerte han sido exoneradas tras demostrarse su inocencia, más de la mitad afroamericanos. Entre ellos se encuentra Glynn Simmons, liberado en 2023 después de pasar 48 años en prisión por un crimen que no cometió. El principal factor de las exoneraciones es la detección de falsos testimonios, seguido de mala conducta de fiscales y policías, errores de identificación, testigos expertos no confiables y jurados no diversos.
Megan Byrne, abogada sénior del Proyecto de Pena Capital de ACLU, declaró que “cada condena equivocada no solo revela un fracaso individual, sino patrones de injusticia sistemática engranados en la pena de muerte”, y enfatizó que este sistema “se construyó sobre la base del racismo”. El informe surge en un contexto de aumento de ejecuciones en 2025, con 43 reos ejecutados, un 72 % más que el año anterior, liderados por Florida, que concentra 16 de los casos y batió récords en julio.
