En Finlandia, saltarse los límites de velocidad puede convertirse en una sanción millonaria si el infractor goza de altos ingresos. Allí funciona un sistema de “multas proporcionales” que ajusta el monto a lo que gana cada persona, aplicando la idea de que quien más dinero tiene, más debe pagar. Así, un exceso de 25 kilómetros por hora no representa lo mismo para un trabajador promedio que para un alto ejecutivo, y la sanción se calcula en función del salario.
El caso más recordado ocurrió en 2002, cuando Anssi Vanjoki, directivo de Nokia, fue sorprendido conduciendo a 75 km/h en una zona urbana limitada a 50 km/h. Por esa infracción, aparentemente menor, terminó abonando 116.000 euros debido a lo elevado de sus ingresos. Otro episodio sonado fue el de Reima Kuisla, empresario finlandés que tuvo que pagar 54.000 euros tras ser detectado a 72 km/h en una vía de 50 km/h.
Justicia social sobre ruedas
Este modelo, vigente en Finlandia desde 1921, se basa en el concepto de multas diarias: primero se calcula la mitad del ingreso que un ciudadano percibe en un día y luego se multiplica por un número determinado de jornadas, en función de la gravedad de la infracción. Por ejemplo, un exceso de 25 km/h sobre el límite supone 12 días de multa. Para la mayoría de conductores, la sanción se queda entre 400 y 500 euros, pero para quienes poseen grandes fortunas las cifras se disparan.
La filosofía detrás de este esquema es clara: garantizar que la sanción tenga el mismo peso para todos, independientemente de su poder adquisitivo. En un país que registra muy pocos accidentes mortales en carretera, muchos lo consideran un ejemplo de justicia social aplicada a la seguridad vial. Aunque algunos millonarios han cuestionado el sistema, la mayoría de la ciudadanía lo respalda bajo una premisa sencilla: cumplir la norma cuesta lo mismo para todos, pero romperla no.
