Un fuerte estallido registrado en Trujillo, producto de la detonación simultánea de 20 cartuchos de dinamita, dejó severos daños en más de 50 viviendas y mantiene en zozobra a cientos de familias. Cinco días después del ataque, la polémica se centra en la actuación del Ministerio Público, luego de que se dispusiera la liberación de cuatro detenidos vinculados al hecho.
Críticas a la coordinación entre instituciones
El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Víctor Zanabria, responsabilizó directamente al Ministerio Público por lo ocurrido. Según declaró, la liberación se dio de manera “unilateral”, a pesar de que la policía presentó videos en los que se observa a uno de los detenidos conduciendo el vehículo utilizado por los atacantes. “Cuando no hay comunicación entre los operadores de justicia, los únicos beneficiados son los criminales”, manifestó el general, quien insistió en que las pruebas audiovisuales constituyen evidencia material clave.
Sanabria recalcó que, si bien uno de los sospechosos admitió haber cumplido únicamente el rol de chofer, ello no lo exime de responsabilidad. “No basta decir que solo trasladaba un explosivo como si fuera un taxi. La lógica indica que quien participa en la operación también asume complicidad”, explicó, cuestionando la interpretación jurídica que permitió la excarcelación.
En tanto, la población trujillana mostró su indignación y señaló que la liberación alimenta la sensación de impunidad. “Aquí en el Perú no hay justicia, los delincuentes salen rápido y el ciudadano queda desprotegido”, expresó una vecina. El Ministerio Público, consultado por este medio, indicó que aún se encuentra coordinando internamente antes de emitir una respuesta oficial.
