Dentro de las medidas que buscan frenar el avance del coronavirus se encuentra la modificación al Decreto Legislativo N°1300 que establece el procedimiento de conversión automática de las penas para los condenados por el delito de omisión de asistencia familiar.
Al respecto, Elizabeth Zea consideró lógico que los omisos de alimentos que cumplan con el pago de la deuda total sean excarcelados, sin embargo, recordó que esto "subsiste más allá", ya que si fueron privados de su libertad se debió a que no hubo una voluntad de pago.
Indicó, además, que pese a que el Decreto de Urgencia Nº 008-2020 establece que la conversión de una pena se revoca de manera automática si la persona, manteniendo la obligación de continuar el pago, incumple por dos meses consecutivos, ocurre todo lo contrario.
En ese sentido, Zea sostuvo que el Gobierno debe decretar medidas necesarias para garantizar que el condenado no solo pague la deuda acumulada hasta el momento de la solicitud de la conversión de su pena, sino que se comprometa a seguir cumpliendo con su obligación.
Por otro lado, cuestionó que el presidente Martín Vizcarra aún no tome la decisión de aplicar el indulto humanitario o amnistía para la población penintenciaria que corre un mayor riesgo de contraer el virus, como adultos mayores o aquellos con enfermedades graves.
De igual manera, criticó que a la fecha tampoco se haya brindado defensa pública a las madres con niños menores de un año que permanecen en los penales de Chorrillos y Virgen de Fátima, a fin de que también puedan acogerse a la conversión automática de la pena.
