El abogado penalista Eduardo Roy Gates advirtió que en el Perú se vienen abriendo investigaciones por lavado de activos sin cumplir los estándares mínimos de prueba, lo que genera graves afectaciones personales y patrimoniales. Al referirse al caso que involucró a Jimmy Pflucker y a la empresa Paltarumi, sostuvo que la denuncia original se sustentó en la versión de un colaborador eficaz que afirmó que “se habría entregado 80 mil dólares para la apertura de una investigación por el delito de lavado de activos”, aunque remarcó que dicho proceso “se archivó en el año 2021 porque no existía absolutamente ninguna prueba”.
Roy Gates explicó que, pese a ese archivo fiscal, el caso volvió a ser mencionado en 2024, lo que a su criterio revela una falla estructural del sistema. “Esto demuestra que cualquier persona en la fiscalía puede ser imputada por lavado de activos sin absolutamente ninguna prueba”, señaló, advirtiendo que este tipo de imputaciones no solo afectan la reputación de los investigados, sino que los dejan expuestos durante años a procesos que finalmente no prosperan.
Críticas al uso de denuncias sin sustento y a la “noticia criminal”
El penalista cuestionó duramente el uso indiscriminado de denuncias y noticias periodísticas como base para iniciar procesos penales. “Hoy en día te pueden abrir una investigación de lavado de activos con una hoja, sin ningún tipo de prueba, sin anexos ni elementos de convicción”, afirmó, precisando que el fiscal debería, en estos casos, “rechazar la denuncia de plano o, como máximo, abrir una indagación previa” y no una investigación preliminar formal.
Finalmente, Roy Gates sostuvo que los daños generados por estas investigaciones irregulares no se reparan con el simple archivo del caso. “Las personas perjudicadas tienen todo el derecho de solicitar una indemnización al Estado peruano”, indicó, recordando que procesos prolongados implican altos costos económicos y personales. Como ejemplo, mencionó el caso de Keiko Fujimori, donde el Tribunal Constitucional determinó que “eso no es delito y nunca tuvo que haberse investigado”, subrayando que situaciones similares afectan a cientos de ciudadanos anónimos.
