Un escenario frente de tensión se abre entre el Congreso y la prensa. Al menos tres proyectos de ley en trámite podrían significar un retroceso en materia de libertades informativas, según advierten constitucionalistas.
EN QUÉ CONSISTEN ESTAS PROPUESTAS LEGISLATIVAS
El primero de ellos proviene de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que busca modificar el artículo 164 del Código Penal con el argumento de proteger la intimidad. La propuesta actualiza la norma para incluir comunicaciones digitales —como chats y correos electrónicos—, pero abre la puerta a sanciones penales cuando su difusión “no tenga interés público”. La ambigüedad de este concepto genera preocupación, pues la prensa podría ser castigada por difundir información sobre autoridades o funcionarios. La sanción prevista alcanza hasta 52 jornadas de trabajo comunitario en días libres.
Un segundo proyecto pretende endurecer las penas por los llamados “delitos de prensa”, elevando las condenas de tres a cinco años, lo que haría posible imponer prisión efectiva a periodistas.
La tercera iniciativa apunta a la “transparencia de los medios”, obligando a que periódicos, radios y canales de televisión informen al Ejecutivo sobre su estructura accionaria y actividades periodísticas. El incumplimiento podría derivar en sanciones que van desde advertencias y multas hasta el cierre definitivo.
Para el abogado constitucionalista Adrián Simons, estas medidas reflejan una agenda antidemocrática en el Parlamento. “Existe la intención de criminalizar la labor periodística”, advirtió.
