En diálogo con Buenos Días Perú, el abogado especializado en derecho penal, Julio Rodríguez, abordó varios temas que han sacudido la coyuntura política incluyendo el allanamiento a la casa del expresidente Martín Vizcarra y su exministro Edmer Trujillo, así como el caso de Ollanta Humala y la actual escándalo de la mandataria Dina Boluarte.
DINA Y LOS ROLEX
Rodríguez señaló que el Ministerio Público está actuando correctamente al investigar a la presidenta por presunto enriquecimiento ilícito debido a los costosos relojes que lleva. El letrado indicó que un funcionario público debe declarar todos sus bienes al ingresar al cargo, y si no lo hace, puede haber sospechas de enriquecimiento injustificado. Afirmó que si los relojes no fueron declarados y se sospecha que fueron adquiridos con fondos ilícitos, la fiscalía puede avanzar con la investigación.
“32 mil dólares en las muñecas es un monto exorbitante, sobre todo teniendo en cuenta los honorarios de un presidente”, sostuvo.
LOS INTOCABLES DE LA CORRUPCIÓN
Además, el penalista aclaró que los allanamientos no se hacen a pedido del investigado, como sugirió el expresidente Vizcarra, sino que son medidas coercitivas ordenadas por un juez a solicitud de un fiscal.
También criticó la demora en las investigaciones, señalando que el caso contra Vizcarra Cornejo debería haber avanzado más rápidamente, dada la cantidad de pruebas en su contra.
OLLANTA Y SU HIJA
En cuanto al caso de Ollanta Humala y su hija Yari, Rodríguez Delgado explicó que si los bienes están a nombre de la hija pero fueron adquiridos con dinero de los padres, pueden ser objeto de una incautación. También mencionó que se debería investigar el origen de los fondos para pagar los estudios de la hija en Estados Unidos, ya que solo recibe una pensión de militar en retiro.
“S/422 millones de reparación en este caso no tiene ningún estándar de proporcionalidad”, agregó.
Finalmente, Julio Rodríguez concluyó que es preocupante la cantidad de expresidentes y políticos peruanos que están involucrados en problemas judiciales.
