Desde hoy, lunes 9 de febrero, el Ministerio del Interior implementó la denominada “Policía Vial Antiextorsiones”, una nueva estrategia de seguridad destinada a combatir el cobro de cupos y las amenazas contra empresas de transporte en la avenida Néstor Gambetta, una de las vías donde se han registrado reiterados actos delictivos.
Patrullaje permanente en puntos críticos del Callao
El general PNP Ricardo Espinoza Cuestas, jefe de la Región Policial Callao, informó que el escuadrón está conformado por ocho vehículos policiales que cumplirán funciones similares a las de la Policía de Carreteras. El plan contempla el estacionamiento estratégico de las unidades durante las 24 horas del día en zonas consideradas de alto riesgo, como Sarita Colonia, Márquez, Oquendo, Ventanilla, Mi Perú y Pachacútec, con el objetivo de disuadir acciones extorsivas y brindar mayor seguridad a los transportistas.
Espinoza Cuestas precisó además que se ha fortalecido la plataforma digital “Estamos Hartos”, a la que se le incorporó un botón de pánico denominado “Auxilio – Amenaza de Extorsión”. Esta herramienta permitirá que las alertas lleguen de forma directa a la base policial para activar una respuesta inmediata y disponer las medidas de fuerza necesarias ante cualquier intento de extorsión.
Persisten amenazas pese a presencia policial
Si bien este lunes debían iniciar operaciones las ocho unidades asignadas al plan, aún no se ha confirmado si las patrullas contarán con algún distintivo visual que las diferencie de las unidades regulares de la comisaría de Ventanilla. Mientras tanto, las empresas de transporte que han sido víctimas de extorsión continuaron con sus labores habituales, pese al clima de inseguridad.
El pasado 7 de febrero, transportistas realizaron una protesta en el paradero Santa Fe para denunciar el cobro de cupos. Sin embargo, según informaron, tras el plantón y la presencia policial, las amenazas no cesaron. Incluso, la organización criminal conocida como ‘Los Chukis’ habría continuado enviando mensajes intimidatorios a diversas empresas, exigiendo pagos ilegales, lo que mantiene la preocupación en el sector pese a la nueva medida de seguridad.
