Un grupo de proveedores y pequeños empresarios mantiene una protesta ininterrumpida frente al almacén central del Consorcio San Miguel, en el distrito de Villa El Salvador. Los manifestantes exigen el pago de una deuda que, según afirman, arrastran desde hace más de dos años por su participación en una obra de agua y desagüe financiada por el Estado.
Algunos de los denunciantes incluso se encadenaron a maquinaria pesada como medida de presión. “Son 24 meses sin pago, tenemos deudas con bancos, proveedores, hemos perdido departamentos, y nadie da la cara”, señaló uno de los voceros.
La obra —que fue presentada como una de las más importantes del Gobierno de Dina Boluarte y que debía beneficiar a varios distritos del sur de Lima— está actualmente paralizada. Según los trabajadores, el motivo es el cierre del almacén del consorcio, ejecutado por ellos mismos como medida de protesta.
Los empresarios aseguran que 29 empresas se han unido a la demanda, pero que la deuda total afectaría a más de 100 proveedores. Estiman que el monto total supera los 20 o 30 millones de soles.
“Trabajamos sin contrato”
Los denunciantes explicaron que prestaron servicios de movimiento de tierra, alquiler de maquinaria y suministro de agregados sin contratos formales, por presión del consorcio. “Nos dijeron que si pedíamos papeles, buscarían a otro proveedor”, afirmaron.
A pesar de haber cursado cartas al Ministerio de Vivienda, a Sedapal e incluso a la Embajada de China (por la participación de empresas chinas en el consorcio), no han recibido respuestas formales ni soluciones concretas. Tampoco se ha hecho presente ningún representante de la empresa 2H, que forma parte del consorcio.
Según indicaron, han iniciado acciones legales por la vía civil y penal, pero denuncian que estas no han surtido efecto. “No tienen nada a su nombre, ¿qué les vamos a embargar? Así operan estas empresas”, dijo uno de los proveedores afectados.
Mientras tanto, la protesta continúa en los exteriores del almacén. “De acá no nos van a sacar sin una respuesta. Nos han arrastrado, nos han mandado a la policía. ¿Qué más tiene que pasar?”, concluyeron.
Hasta el momento, ni el Consorcio San Miguel, ni el Ministerio de Vivienda, ni Sedapal han emitido un pronunciamiento oficial.
