La inseguridad ciudadana se ha convertido en un problema alarmante para el sector industrial en el Perú. Según una encuesta realizada por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), el 21% de las empresas en el país ha sufrido algún tipo de extorsión o robo, especialmente en la distribución de productos, afectando la logística de camiones y otros medios de transporte.
Antonio Castillo, gerente general de la SNI, manifestó su preocupación por el impacto que la inseguridad está teniendo en la recuperación económica de sectores clave como el textil y la alimentación, los cuales venían mostrando signos de mejora tras la pandemia. Castillo advirtió que esta situación podría frenar el crecimiento macroeconómico del país y afectar la creación de empleos. "El PBI se vería afectado en un 2.2% anualmente debido a los gastos adicionales en seguridad que deben asumir las empresas formales y los costos que implica para el Estado", comentó.
A pesar de las expectativas de crecimiento de entre el 5% y 6%, los empresarios se muestran cautelosos. De hecho, el 59% de los encuestados no planea contratar nuevo personal en el corto plazo debido al aumento en los costos operativos, derivados de la necesidad de invertir en medidas de seguridad.
PROPONEN MEDIDAS
Frente a esta problemática, la SNI ha propuesto reformular algunos aspectos de la ley de criminalidad y ha planteado alternativas como la implementación de obras por impuestos en los juzgados de flagrancia, con el fin de mejorar la cooperación entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional. Además, el gremio se ha unido al pedido de otros sectores para la derogatoria de la controvertida "Ley Pro Crimen Organizado", que consideran no contribuye adecuadamente a enfrentar la delincuencia.
