Tras las últimas noticias que dan cuenta de una cada vez mayor participación de ciudadanos extranjeros en hechos delictivos, el presidente de la República, Martín Vizcarra, y el ministro del Interior, Carlos Morán, anunciaron la implementación de políticas de extradición para criminales.
El embajador interino de Venezuela, Carlos Scull, se mostró a favor del debido proceso y apoyó la aplicación de la ley a los ciudadanos llaneros que cometan actos delictivos. No descartó que la dictadura de Maduro esté armando y enviando bandas delincuenciales para desestabilizar países.
Por su parte Oscar Pérez Torres, presidente de la ONG Unión Venezolana en Perú, fue enfático en señalar que Venezuela no es un país de criminales y que ellos también se ven afectados por estos actos delictivos. “La inmensa mayoría somos gente decente, honesta, trabajadora”.
Con estas declaraciones y las medidas que tomará el Gobierno, se espera un impacto en las estadísticas de criminalidad en el país.
