La inseguridad en Perú continúa en aumento y afecta a ciudadanos de todos los sectores. Durante la última semana se reportaron ocho ataques de extorsión que involucraron a empresarios, microempresarios y transportistas, algunos de los cuales resultaron gravemente heridos. En San Martín de Porres, un colectivo fue atacado a balazos mientras transportaba pasajeros, evidenciando la violencia que ya no distingue entre víctimas civiles o profesionales.
Los delitos de extorsión se han intensificado y ahora incluyen mensajes intimidatorios, llamadas y ataques con explosivos, como ocurrió recientemente con la artista Deisy Araujo, quien recibió amenazas de pago de 50 000 soles y sufrió un atentado con un explosivo en su domicilio. La cifra de denuncias sigue creciendo: hasta la fecha, más de 20 000 casos han sido registrados en 2025, con un incremento del 40% en los últimos meses.
Expertos señalan que gran parte de estas extorsiones se originan desde centros penitenciarios, lo que complica los esfuerzos de control pese a que el gobierno bloqueó más de 1,5 millones de celulares vinculados a la criminalidad. Las víctimas relatan que la amenaza constante afecta la vida cotidiana y obliga a limitar actividades básicas, proteger a familiares y contratar seguridad privada, evidenciando el impacto psicológico y social de la violencia organizada.
En respuesta a esta crisis, sectores del transporte y comercio han salido a las calles exigiendo medidas efectivas de protección. Mientras tanto, propuestas legislativas, como la presentada por el congresista Gustavo Cordero, han generado controversia al plantear la deducción de pagos de extorsión del impuesto a la renta, lo que podría fortalecer la percepción de impunidad de los grupos criminales. La alarma crece y la ciudadanía exige soluciones contundentes frente a un fenómeno que amenaza la seguridad y la economía del país.
