La Fiscalía reabrió la investigación sobre la participación de policías en las diligencias realizadas en Punta Cana, República Dominicana, durante las declaraciones de la empresaria Sada Goray como aspirante a colaboradora eficaz en el caso de presuntos pagos vinculados al gobierno de Pedro Castillo. Según el reportaje, los efectivos Carlos Martínez, Gianmarco Dueñas y Carla Arenas habrían intervenido en estas actuaciones sin contar con la autorización correspondiente, pues sus permisos de viaje eran por vacaciones. La nueva disposición fiscal fue emitida el 15 de octubre, luego de que el programa difundiera audios relacionados con el caso.
Las declaraciones de Goray fueron relevantes para las investigaciones sobre los presuntos pagos al entonces asesor del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo, quien, según el testimonio de la empresaria citado en el informe, le habría indicado que el dinero estaba destinado al entonces presidente Pedro Castillo. La participación de los policías en esas diligencias generó cuestionamientos sobre la regularidad del procedimiento y la validez de las declaraciones recogidas. Además, se difundieron conversaciones entre el capitán Carlos Martínez y el abogado Francisco Álvarez, defensor de Goray, en las que se habría planteado que la empresaria no continuara declarando.
La investigación también alcanza al diputado Harvey Colchado y a Walter Lozano, exintegrante de la Diviac, por presuntos delitos de abuso de autoridad y falsedad ideológica. Entre las diligencias dispuestas por la Fiscalía figuran la revisión de las autorizaciones de viaje de los efectivos, la solicitud del audio original de las conversaciones entre Martínez y Álvarez y la recepción de los testimonios de los tres policías. El exministro del Interior Juan José Santiváñez, quien afirmó haber denunciado anteriormente estos hechos, cuestionó los procedimientos y sostuvo que las presuntas irregularidades deben esclarecerse. Los investigados mantienen la presunción de inocencia mientras continúan las diligencias.
SE PRONUNCIA SANTIVÁÑEZ
El caso vuelve a poner bajo escrutinio las actuaciones policiales y fiscales relacionadas con uno de los principales escándalos de presunta corrupción durante el gobierno de Castillo. Santiváñez consideró que las circunstancias ameritan evaluar si hubo coordinación entre los involucrados y cuestionó que la nueva investigación no incluya, por ahora, el presunto delito de organización criminal. Asimismo, planteó que los policías investigados deberían ser separados temporalmente del servicio mientras se esclarecen los hechos. La Fiscalía deberá determinar las responsabilidades correspondientes y establecer si las presuntas irregularidades afectaron el desarrollo de la investigación contra Goray y Marrufo.
