La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, fue captada disfrutando de su vivienda en un exclusivo balneario ubicado al sur de la capital, mientras continúa el proceso judicial en su contra por presuntos actos de corrupción. Las imágenes difundidas por el programa Esta Noche muestran a la exfuncionaria en el balcón de su departamento y cuidando sus plantas. Su situación ha generado cuestionamientos debido al prolongado tiempo que ha transcurrido desde el inicio de las investigaciones por los aportes recibidos durante la campaña contra la revocatoria municipal.
Villarán reconoció públicamente que tomó la decisión, junto con su entonces gerente municipal José Miguel Castro, de aceptar fondos para dicha campaña. Según la investigación, las empresas brasileñas Odebrecht y OAS entregaron millones de dólares para financiar actividades políticas, a cambio de favorecer sus intereses en proyectos vinculados con la Municipalidad de Lima. El Ministerio Público le atribuye delitos de colusión, asociación ilícita y lavado de activos, y solicitó una pena de 29 años de prisión.
El proceso judicial avanzó durante años hasta que, tras una etapa de control de acusación en septiembre de 2025, se inició el juicio oral contra Villarán y otros 21 acusados, según el informe. Uno de los principales implicados, José Miguel Castro, falleció antes de que concluyera el proceso. La prolongación del caso ha despertado críticas por el tiempo que demanda alcanzar una resolución judicial, así como preocupación por la pérdida de pruebas y la desaparición de testigos con el paso de los años.
CON ARRESTO DOMICILIARIO
En 2020, Villarán salió del penal de Chorrillos luego de cumplir un año de prisión preventiva, medida que fue sustituida por arresto domiciliario y reglas de conducta, entre ellas restricciones para salir del país o ausentarse de su vivienda sin autorización judicial. Actualmente, el caso continúa pendiente de una decisión definitiva, mientras la Fiscalía mantiene su acusación. La demora del proceso vuelve a poner en debate la celeridad de la justicia frente a investigaciones de corrupción de gran complejidad y la necesidad de que las responsabilidades penales se determinen mediante una sentencia judicial.
