La excongresista Adriana Tudela afirmó que la aprobación del dictamen que incorpora siete puntos adicionales al pedido de facultades legislativas del Ejecutivo representa “un golpe duro para la oposición”. Durante una entrevista, cuestionó la postura de las bancadas que no participaron en la sesión de la Comisión de Constitución del Senado y sostuvo que sus diferencias políticas les impidieron priorizar los intereses del país. La legisladora consideró que las medidas propuestas son importantes para enfrentar la inseguridad ciudadana y atender otras necesidades nacionales.
Tudela también criticó la estrategia política del Gobierno de Keiko Fujimori frente a las dificultades para conseguir la delegación de facultades. A su juicio, el Ejecutivo pudo avanzar desde un inicio mediante decretos supremos y decretos de urgencia, siempre que las medidas se encuentren dentro de sus atribuciones, además de presentar proyectos de ley específicos cuando se requieran modificaciones legislativas. Asimismo, señaló que el pedido de facultades fue legítimo y respondió a las prioridades planteadas por la actual administración.
Entre las medidas que consideró urgentes, la excongresista mencionó la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de los establecimientos penitenciarios, la lucha contra la minería ilegal, la promoción de inversiones y la reducción de trabas burocráticas para ejecutar obras de infraestructura. Tudela sostuvo que el país necesita acelerar proyectos de hospitales, carreteras y colegios, además de impulsar una nueva ley para la pequeña minería y minería artesanal. También señaló que los resultados de las políticas de seguridad deberían reflejarse progresivamente en una reducción de los homicidios y de la percepción de inseguridad.
LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD
Finalmente, Tudela indicó que, aunque algunas cifras preliminares podrían mostrar una reducción en la tasa de homicidios, todavía es pronto para atribuir esos resultados directamente a las políticas del Gobierno. La exparlamentaria insistió en que el Ejecutivo debe actuar con rapidez frente a los problemas de gestión estatal y seguridad ciudadana. Sus declaraciones se producen luego de que la Comisión de Constitución aprobara un dictamen de 27 puntos, que será debatido y votado por el pleno del Senado este miércoles 21 de octubre.
