La violencia criminal en La Libertad, especialmente en Pataz y Trujillo, ha encendido las alertas por el avance de bandas dedicadas a la extorsión, sicariato, secuestro y control de actividades económicas. Durante una entrevista en "Esta Noche", Julio Corcuera, especialista en seguridad, sostuvo que el problema ya no puede entenderse como una simple percepción ciudadana, sino como una crisis real de seguridad.
Corcuera explicó que el país ya superó niveles críticos de homicidios y advirtió que cuando una tasa pasa los 10 asesinatos por cada 100 mil habitantes, se habla de una situación epidémica. Según indicó, las cifras oficiales incluso podrían quedarse cortas, debido a muertes que no siempre ingresan correctamente a los registros.
El especialista señaló que en Pataz el problema no se limita a la minería ilegal, sino al ingreso directo del crimen organizado en la actividad minera. Explicó que algunas bandas se apoderan de bocaminas, controlan territorios a sangre y fuego, y luego se asocian con actores económicos para explotar esos espacios.
Corcuera calificó este fenómeno como “capitalismo criminal”, al advertir que las organizaciones no solo extorsionan o asesinan, sino que también crean empresas de fachada para ofrecer servicios de limpieza, seguridad, alquiler de baños químicos u otros negocios. De esa manera, el dinero obtenido por secuestros y cupos ingresa al sistema formal.
Además, sostuvo que en La Libertad operan varias organizaciones criminales como "Los Pulpos, La Jauría, Los Primos y Los Compadres". También advirtió que estas bandas pueden subcontratar sicarios extranjeros, por lo que planteó la necesidad de realizar un censo de ciudadanos extranjeros con registro de huellas e identificación.
¿CÓMO FRENAR A LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES?
Finalmente, Corcuera recomendó al Gobierno elaborar una lista clara de las organizaciones criminales consideradas enemigas del país, quitarles sus empresas fachada y decomisar sus activos. También cuestionó la propuesta de una Guardia Metropolitana, al considerar que podría convertirse en un riesgo si gobiernos locales terminan manejando sus propias fuerzas de seguridad sin controles adecuados.
