El abogado Elio Riera y el excanciller Javier González-Olaechea analizaron el pronunciamiento del grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre la detención de Pedro Castillo y coincidieron en que dicho documento no tendría carácter vinculante para el Estado peruano.
Como ya se conoce, un órgano de expertos de las Naciones Unidas concluyó que la detención del expresidente Pedro Castillo fue arbitraria. El documento recomienda al Estado peruano disponer su libertad inmediata, otorgarle una reparación e investigar las irregularidades detectadas.
En entrevista con Milagros Leiva, Riera sostuvo que el informe debe ser entendido como una opinión y no como una decisión obligatoria. “Este informe tiene una naturaleza no vinculante, podría ser considerada una opinión consultiva, pero de ninguna manera genera algún tipo de vinculación con respecto al Estado peruano”, afirmó. El abogado cuestionó que se pretenda usar ese pronunciamiento para exigir la liberación inmediata del expresidente.
Riera también rechazó la tesis de que el mensaje de Pedro Castillo del 7 de diciembre haya sido una simple declaración política. Según explicó, el entonces mandatario utilizó la investidura presidencial para dirigir un mensaje a la nación con efectos sobre el Estado. “El señor Pedro Castillo utilizó la investidura presidencial para dirigir un mensaje a la nación que tendría efecto jurídico sobre el Estado peruano”, señaló. En esa línea, sostuvo que existió un quiebre constitucional y que la detención se produjo bajo flagrancia delictiva.
El abogado agregó que la acusación contra Castillo no se sostiene únicamente en la consumación de un cierre efectivo del Congreso, sino en la figura de conspiración para quebrar el orden constitucional. “Está claramente dirigido el mensaje con la intención de quebrar el orden constitucional”, indicó.
En paralelo, el expresidente recibio varias visitas al penal de Barbadillo tras difundirse el pronunciamiento del grupo de trabajo de la ONU. Entre los asistentes estuvo Luis Bazalar, quien se presentó como director espiritual de Pedro Castillo, así como al abogado Carlos Torres Caro y al exfiscal José Domingo Pérez. Este último pidió que el Estado peruano siga las recomendaciones del organismo internacional. “Lo que tiene que hacer el Estado peruano es seguir las recomendaciones, opiniones y solicitudes de Naciones Unidas”, sostuvo.
GONZÁLEZ-OLAECHEA: “NO ES UN FALLO, ES UNA OPINIÓN”
El excanciller Javier González-Olaechea remarcó que el pronunciamiento no constituye un fallo internacional, sino una opinión emitida por un grupo de trabajo. “El grupo de trabajo emite una opinión, no es un fallo”, precisó. Además, sostuvo que esta comisión tiene una composición política y que sus pronunciamientos no obligan jurídicamente al Estado peruano. Para el exministro de Relaciones Exteriores, el documento omite aspectos constitucionales claves sobre la detención de Castillo.
González-Olaechea también advirtió que una eventual decisión del presidente José María Balcázar para liberar a Castillo no podría sustentarse únicamente en esta opinión internacional. Riera coincidió y señaló que un indulto tendría que cumplir requisitos legales previamente establecidos. “Estaría guiando la posibilidad de realizar un indulto bajo una opinión consultiva que no genera ningún tipo de efecto vinculante”, explicó. Ambos especialistas coincidieron en que el caso Castillo debe resolverse dentro del marco constitucional y no por presión política derivada de un documento no vinculante.
