Mientras el Gobierno busca cortar las comunicaciones ilegales dentro de los penales, la venta de chips activados sin identificación mantiene abierta otra vía para la delincuencia. Una prueba realizada por el programa “Esta Noche” permitió comprar tres chips por S/60, sin presentar DNI y mediante un pago por Yape. Los dispositivos fueron entregados en pocos minutos y estaban listos para ser utilizados. La oferta puede encontrarse en plataformas como Marketplace y Telegram.
El procedimiento fue sencillo: se contactó a un vendedor por internet, se solicitó la compra de tres chips sin DNI y, tras realizar el pago, un motorizado entregó las líneas activadas. La situación genera preocupación porque permite obtener números telefónicos sin que el comprador quede identificado formalmente. Según el Ministerio Público, entre enero y julio de 2026 se registraron 13,892 denuncias por extorsión a nivel nacional, mientras que las empresas telefónicas han recibido sanciones por más de S/156 millones debido a la venta irregular de chips, de acuerdo con la información presentada en el programa.
El exministro del Interior Wilfredo Pedraza cuestionó esta modalidad y sostuvo que la venta de chips activados sin identificación termina favoreciendo a quienes utilizan estos mecanismos para delinquir. “Obviamente alguien que compra de esa forma lo hace para delinquir. Nadie formal compra un chip sin identidad y activado porque eso es un riesgo para quien lo tiene”, afirmó. También consideró que, además de sanciones administrativas, debería evaluarse la responsabilidad penal de quienes participan en esta modalidad de venta.
VENTA IRREGULAR DE CHIPS MANTIENE ABIERTA UNA PUERTA PARA LA EXTORSIÓN
Por su parte Julio Corcuera, experto en crimen organizado cuestionó que los chips puedan adquirirse activados mediante internet y delivery pese a que las empresas operadoras tienen regulaciones normativas. “Mientras no se acabe este tema de la venta irregular de chips, la extorsión va a seguir multiplicándose como viene ocurriendo”, sostuvo. Agregando que en recientes intervenciones se encontraron organizaciones criminales que tenían decenas de chips distribuidos en teléfonos, una práctica que, según explicó, permitiría dificultar la geolocalización.
Finalmente, Pedraza planteó que el Ejecutivo debería incluir este problema dentro del paquete de medidas que busca impulsar para enfrentar la inseguridad. “Regulaciones ya existen, obligaciones de un registro biométrico, personal, individual ya existen, pero no se logra cumplir con esas normas”, señaló.
Además consideró que, ante la facilidad con la que se pueden obtener líneas activadas sin identificación, las sanciones deberían ser más severas, tanto económicamente como en el ámbito penal, para evitar que estos mecanismos continúen abasteciendo las comunicaciones utilizadas por organizaciones dedicadas a la extorsión.
