El Congreso de la República aprobó y publicó una norma que permitirá a los parlamentarios acreditar sus cinco años de labor legislativa como experiencia laboral válida para postular a cargos de dirección en el Estado, incluidos puestos de alta responsabilidad como viceministerios o secretarías generales. La medida ha generado una intensa controversia, ya que sus críticos advierten que equiparar la labor política con funciones técnicas del Ejecutivo podría abrir la puerta a nombramientos sin el perfil profesional adecuado.
CONGRESISTAS A FAVOR Y EN CONTRA DE NORMA
Uno de los opositores más firmes es el congresista Edwin Martínez, de Acción Popular, quien cuestionó que la labor parlamentaria pueda considerarse equivalente a la experiencia requerida para cargos ejecutivos.
Martínez subrayó que un legislador no ejecuta obras ni toma decisiones de gestión pública, y que el trabajo político no puede reemplazar las capacidades técnicas indispensables para dirigir un ministerio. “Aquí se ven temas políticos, no temas técnicos”, advirtió, marcando distancia del nuevo criterio aprobado.
En contraste, el congresista Flavio Cruz, de Perú Libre, defendió la norma argumentando que el trabajo parlamentario sí constituye experiencia profesional que debe ser reconocida por el Estado. La aprobación también fue criticada por el congresista Jaime Quito, de la bancada socialista, quien sostuvo que algunos legisladores estarían usando la ley para prepararse una salida laboral ante una eventual no reelección en las próximas elecciones.
