En un contexto en el que la criminalidad organizada se ha desbordado en todo el país, dos congresistas de Alianza para el Progreso (APP) han presentado proyectos de ley que, según expertos y opositores, podrían terminar normalizando la actividad delictiva. Las propuestas fueron impulsadas por los parlamentarios Magaly Ruiz Julón y Luis Cordero Jon Tay, ambos de la bancada que lidera César Acuña, quien se alista para disputar nuevamente la presidencia de la República.
El proyecto de la congresista Julón plantea la creación de un registro de microempresarios víctimas de la delincuencia, con el fin de otorgarles beneficios como financiamiento extraordinario y congelamiento de deudas. A su vez, la iniciativa de Cordero buscaba exonerar del pago de impuestos a personas que hayan sido víctimas de extorsión, lo que desató fuertes críticas por considerar que institucionalizaba una práctica criminal.
Consultados sobre el tema, los congresistas de APP Alejandro Soto y Eduardo Salhuana negaron que tales iniciativas representen el espíritu del partido. “Son proyectos, no leyes; se analizan y debaten. Ninguno ha pasado aún el primer filtro”, señaló Soto. Por su parte, Salhuana anunció el retiro del proyecto de Cordero y aseguró que hará lo mismo con el de Julón: “Rechazo de plano cualquier insinuación de que haya una intención institucional detrás de estas propuestas”.
ACUÑA Y SU GESTIÓN
Sin embargo, la polémica crece mientras el propio César Acuña enfrenta cuestionamientos por su gestión en La Libertad, región que dejó recientemente para centrarse en su campaña presidencial. Analistas como Juan Carlos Liendo sostienen que la situación en esa región “demuestra cómo el poder político puede terminar siendo funcional al crimen”, y advierten que este tipo de propuestas legislativas “solo fortalecen la sensación de impunidad y debilitan el principio de autoridad”.
