El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, informó en una sesión del Consejo de Naciones Unidas que el Perú se encuentra evaluando su permanencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La declaración abrió un intenso debate, ya que de concretarse la salida, el país quedaría fuera de un sistema internacional que supervisa y sanciona violaciones a los derechos fundamentales.
Para el exministro de Justicia, Víctor García Toma, abandonar la Corte implicaría dejar a los peruanos “huérfanos” de una instancia de justicia supranacional, en un contexto donde el sistema judicial interno “no ofrece garantías”. Advirtió que, en un eventual régimen dictatorial, el Perú carecería de una “póliza de resguardo” que permita frenar abusos contra la libertad, la propiedad y el debido proceso.
La polémica también alcanzó a la presidenta Dina Boluarte, quien en más de una ocasión ha señalado que su gobierno busca distanciarse de “regímenes fracasados” como Cuba o Venezuela. Sin embargo, el excanciller Luis González Posada recordó que precisamente esos países, junto con Nicaragua, son los que se retiraron del sistema interamericano. “El Perú no puede ponerse en la misma línea que dictaduras”, enfatizó.
SISTEMA INTERAMERICANO
Como alternativa, especialistas plantean que el país impulse una reforma del sistema interamericano para ajustar competencias de la Corte, en lugar de retirarse. Según García Toma, un eventual proceso de salida requeriría la voluntad política del Ejecutivo y la aprobación del Congreso, lo que tomaría más de un año. En ese escenario, sería el próximo Parlamento y el próximo presidente quienes tendrían la última palabra sobre la permanencia del Perú en la Corte IDH.
