El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió que la Ley de Amnistía aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo constituye un retroceso para la justicia en el Perú. En respuesta, el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, defendió la norma y afirmó que se dio “bajo el principio de separación de poderes”. Además, adelantó que el Gobierno continuará evaluando la permanencia del país en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Santiváñez recibió el respaldo del presidente del Congreso, José Jerí, quien se mostró a favor del retiro de la Corte IDH y recordó que el Parlamento defendió la amnistía frente a los cuestionamientos internacionales. “Nosotros hemos aprobado esta iniciativa dentro de nuestra autonomía y por mayoría”, sostuvo el titular del Legislativo.
En contraste, voces críticas como la del congresista Jaime Quito denunciaron que el Ejecutivo busca “impunidad” frente a las violaciones de derechos humanos. El legislador sostuvo que la postura oficial convierte al Perú en “un país paria” por no respetar los convenios internacionales. La congresista Ruth Luque, de Juntos por el Perú, saludó que algunos jueces no apliquen la amnistía al considerarla inconstitucional y contraria a los tratados internacionales.
VOCES DESDE EL CONGRESO
De hecho, en un proceso contra ocho exmilitares acusados de abuso de autoridad, tortura y violación sexual en Apurímac y Cusco en 1990, un juez rechazó aplicar la amnistía por incompatibilidad con el marco constitucional. Desde el Congreso, parlamentarios como Marta Moyano advirtieron que los jueces que inapliquen la norma podrían ser denunciados por prevaricato, lo que augura un nuevo enfrentamiento entre poderes del Estado.
