El allanamiento a la vivienda de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, generó una reacción en bloque del Ejecutivo. Los ministros de Estado calificaron la diligencia del Ministerio Público como un acto “arbitrario”, “desmedido” y con “vicios de ilegalidad”, mientras que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) emitió un comunicado oficial rechazando lo ocurrido.
Postura del Ejecutivo
El ministro de Vivienda, Durich Whittembury, afirmó que el operativo tuvo “vicios de ilegalidad”, mientras que el titular de Transportes, César Sandoval, aseguró que se trata de una “clara persecución política a la institucionalidad presidencial”.
En la misma línea, el ministro de la Producción, Sergio González, denunció un “abuso de poder” reiterado contra el entorno de la mandataria, y su par de Desarrollo Agrario, Ángel Manero, sostuvo que la Fiscalía debería concentrarse en la lucha contra la criminalidad en lugar de promover la confrontación.
Por su parte, el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, investigado en el marco del operativo ‘Ícaro’, declaró en entrevista con Expreso que trabajará para impulsar una reforma judicial y evitar que la justicia se convierta en “un sistema de persecución a opositores de pensamiento”.
Críticas desde fuera del Gobierno
El respaldo del gabinete a Nicanor Boluarte también generó cuestionamientos. El excongresista Víctor Andrés García Belaúnde calificó la postura ministerial como un “acto de servilismo total” y consideró que el Congreso podría evaluar una eventual censura al gabinete por defender al hermano de la presidenta.
