El Poder Judicial dictó una medida de suspensión por 24 meses contra Patricia Benavides, impidiéndole ejercer el cargo de fiscal suprema. La resolución fue emitida por el juez supremo de investigación preparatoria, Segismundo León, quien advirtió que su permanencia podría afectar el sistema de administración de justicia y la objetividad de los procesos penales a cargo de los fiscales supremos.
El fallo fue respaldado por Luciano López, abogado de la fiscal Delia Espinoza, quien aseguró que la decisión está jurídicamente fundamentada, incluso tomando en cuenta la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que restituyó a Benavides. Sin embargo, el abogado Wilber Medina, defensa del presidente de la JNJ, consideró la medida “inconstitucional”, ya que –según argumentó– Benavides no llegó a ejercer efectivamente el cargo debido a la negativa de la Junta de Fiscales Supremos.
Desde la defensa de Benavides, el abogado Humberto Abanto calificó el fallo como “prevaricador”, al considerar que el magistrado actuó basándose en un hecho falso: que su patrocinada estaba ejerciendo funciones al momento de la resolución. Abanto anunció que presentarán una apelación y criticó duramente la legalidad de la medida, advirtiendo que esta incurre en delito.
OCHO CARPETAS FISCALES
En medio del conflicto legal y político, López recordó que Benavides enfrenta al menos ocho carpetas fiscales y varias denuncias constitucionales. También resaltó que varios de sus defensores, así como congresistas que apoyan su restitución, tienen investigaciones abiertas. Mientras tanto, los exteriores del Ministerio Público lucieron tranquilos, sin manifestaciones de simpatizantes, lo que podría marcar el cierre de una prolongada crisis institucional.
