En medio de un país golpeado por los feminicidios y la violencia de género, una nueva iniciativa legislativa ha generado una fuerte controversia. Se trata del proyecto presentado por el congresista Alejandro Muñante, de Renovación Popular, que propone sancionar penalmente a quienes presenten denuncias falsas en casos de violencia familiar con el fin de obtener medidas de protección indebidas.
“La propuesta busca sancionar a quienes utilicen el sistema de protección para fines personales o ideológicos”, argumentó Muñante, asegurando que muchas denuncias serían utilizadas estratégicamente para lograr medidas como la pérdida de tenencia o el alejamiento del hogar.
Sin embargo, al ser consultado sobre las cifras que respaldan su proyecto, el legislador señaló que entre 2018 y 2023 solo el 1% de las denuncias por violencia familiar terminaron en sentencia. Pero especialistas advierten que estos datos no reflejan denuncias falsas, sino fallas estructurales en el sistema de justicia.
CIFRAS
“Que solo el 1% termine en sentencia no quiere decir que las demás sean falsas, sino que no se les cree a las mujeres o que no se investiga adecuadamente”, explicó Liz Meléndez, directora del Centro de la Mujer Flora Tristán. En lo que va del 2024, se han registrado 162 feminicidios, de los cuales cerca de la mitad de las víctimas ya había pedido ayuda previamente sin recibir protección efectiva, remarcó.
