La presidenta Dina Boluarte volvió a encender la polémica al afirmar públicamente que un presunto delincuente conocido como “Cuchillo” habría liderado un brutal asesinato múltiple en Pataz, pese a no presentar pruebas. En su intervención, además, hizo un llamado al Ministerio Público, insinuando una supuesta inacción, lo que ha sido interpretado como un nuevo ataque institucional.
Estas declaraciones han generado duras críticas. Para el analista político Omar Awapara, la mandataria intenta convertir acusaciones no comprobadas en supuestas victorias del gobierno, en un intento por aparentar eficacia frente a la ciudadanía. Sin embargo, advierte que estas acciones solo agravan el desprestigio de las instituciones estatales y profundizan la crisis de legitimidad que enfrenta el Ejecutivo.
Como consecuencia directa, el presunto delincuente aludido envió una carta notarial a Boluarte exigiendo una rectificación en un plazo de cinco días. Este hecho se suma a otros casos similares, como la querella por un millón de soles que el sereno Carlos Luna Victoria presentó contra el exministro Juan José Santiváñez por acusarlo sin fundamentos. Cabe recordar que Santiváñez también fue protagonista de una falsa denuncia sobre la supuesta captura de un líder terrorista, y aunque ya no es ministro, forma parte del círculo asesor de la presidenta.
EXIGEN ACCIONES CONCRETAS
Para varios expertos, el gobierno continúa priorizando los anuncios mediáticos por encima de acciones concretas. “Una presidenta representa a la Nación. Rebajarse gratuitamente con declaraciones sin pruebas debilita la investidura presidencial y erosiona la confianza pública”, sostuvo el analista político Omar Awapara. Mientras tanto, la ciudadanía sigue esperando resultados reales y estrategias efectivas frente a la creciente ola de criminalidad en el país.
