Una vez más, la Defensoría del Pueblo se ve envuelta en una polémica. La Contraloría General de la República señaló que dos funcionarios de confianza contratados entre junio de 2024 y febrero de 2025 no cumplían con los requisitos establecidos para sus cargos. Además, se indicó que ambos, Juan José Canales Durand y María del Carmen Olórtegui Risco, estaban afiliados al partido político Alianza para el Progreso (APP) al momento de su contratación.
Canales Durand, quien en ese entonces ocupaba el cargo de jefe de gabinete, y Olórtegui Risco, jefa de la Oficina Defensorial de La Libertad, fueron designados por el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez. Lo cuestionable, según las autoridades, es que Canales Durand no solo pertenecía al partido político, sino que también ocupaba un cargo directivo dentro del mismo.
En el caso de Olórtegui Risco, su contratación fue cuestionada aún más al conocerse que semanas antes había emitido declaraciones en favor de una posible candidatura presidencial de César Acuña en 2026, lo que generó sospechas sobre la imparcialidad de su designación.
SOBRE EXTINCIÓN DE DOMINIO
Este incidente no es el primero que coloca a la Defensoría del Pueblo en medio de la controversia. Hace unos meses, Gutiérrez presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Legislativo 1373 sobre Extinción de Dominio, alegando que vulneraba derechos fundamentales. Sin embargo, muchos cuestionaron que dicha acción pudiera haber tenido un interés personal, ya que su hermana estaba vinculada a un proceso judicial relacionado con un vehículo de contrabando.
