Lo que en su momento fue un alivio para miles de conductores de la zona norte de Lima ahora podría convertirse en un golpe millonario para la economía peruana. Brookfield, gestor de fondos de inversión y principal accionista de Rutas de Lima, ha iniciado un arbitraje internacional contra el Estado peruano tras la anulación del cobro del peaje en Puente Piedra. La demanda asciende a 2.7 mil millones de dólares (aproximadamente 9 mil millones de soles), según informaron fuentes especializadas.
Adrián Simons, abogado especialista en derecho arbitral, advirtió que el primer afectado será el contribuyente peruano. "Cualquier suma que determine el tribunal será asumida con nuestros impuestos", explicó. Además, resaltó los elevados costos que implicará el proceso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
ALTOS COSTOS DE ARBITRAJE
Litigar ante el CIADI no será barato para el Estado peruano. Simons detalló que solo en la contratación de abogados extranjeros especializados se podría gastar mínimo 5 millones de dólares. A esto se suman los gastos administrativos del CIADI y los honorarios del tribunal arbitral. "La parte que pierde el arbitraje debe reembolsar a la ganadora todos los gastos en que haya incurrido", añadió el experto.
Según Simons, un factor preocupante es que la actual gestión de la Municipalidad Metropolitana de Lima, encabezada por Rafael López Aliaga, ya ha perdido dos laudos arbitrales: uno contra Rutas de Lima y otro contra Líma Expresa. Estos antecedentes podrían perjudicar la posición del Estado peruano en el nuevo proceso.
