El proyecto de ley que permitiría a la Policía Nacional del Perú (PNP) llevar a cabo investigaciones de delitos ha causado gran revuelo tras ser aprobado en primera instancia por el Congreso.
Según la Junta de Fiscales Supremos, esta medida contraviene los principios fundamentales de la Constitución peruana, que consagra al Ministerio Público como el ente rector de las investigaciones delictivas desde sus etapas iniciales.
El Fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, lideró el pronunciamiento en contra de la legislación, argumentando que limitaría la capacidad del Ministerio Público para dirigir investigaciones preliminares de manera autónoma.
Además, subrayó que la ley transformaría a la PNP en la principal entidad de peritajes criminalísticos, desplazando las funciones tradicionales del Ministerio.
La ley, que busca transferir ciertas responsabilidades investigativas del Ministerio Público a la PNP, pretende agilizar el proceso penal en el país. Sin embargo, los Fiscales Supremos advierten que esto podría vulnerar la separación de poderes, centralizando demasiado control en el Ministerio del Interior y, por ende, en el Poder Ejecutivo.
EN MANOS DEL CONGRESO
El Pleno del Congreso, que votó mayoritariamente a favor de la propuesta el pasado 22 de julio, enfrenta ahora la tarea de considerar estas críticas antes de la segunda y definitiva votación. La oposición argumenta que la medida podría comprometer la efectividad y la objetividad de las investigaciones de delitos en el país.
