En los últimos años, el Perú viene realizando millonarios pagos por concepto de indemnización a integrantes de grupos subversivos, debido a que el Estado perdió varios procesos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Uno de los casos más sonados fue el de la emerretista de nacionalidad estadounidense Lori Berenson. A ella, se le pagó la suma de 30 000 dólares, y se le condonó una deuda por reparación civil equivalente a los 100 000 soles.
María de la Cruz Flores fue otra procesada que recibió un dadivoso pago de indemnización: 319 000 dólares que el Perú tuvo que desembolsar por mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Para exjuez antiterrorista, Marcos Ibazeta, las indemnizaciones que la corte fijó al país son muy altas, pues en el Perú, no se le puede pagar cantidades millonarias a alguien que generó terror y daños a quienes menos tienen.
La lista es larga. Miremos el caso del emerretista chileno, Jaime Castillo Petruzzi, a quién se le desembolsó 10 000 dólares, o el de María Loayza Tamayo, senderista que recibió 50 000 dólares de parte del Estado.
La otra cara de la moneda, son nuestros efectivos de las Fuerzas Armadas que afrontan procesos judiciales con sus propios medios, a pesar de que existen leyes que los amparan, aunque estas se cumplan a medias.
Patria es la nueva organización creada para ayudar a miembros de las Fuerzas Armadas que afrontan procesos judiciales. Sobre un eventual apoyo estatal a esta institución, Marcos Ibazeta, señaló que en ese caso también tendría que solventar a organizaciones como IDL.
Dos situaciones que deben empezar a corregirse. Por un lado, la labor del Estado peruano en la Corte de Derechos Humanos, y por el otro, el apoyo que deben tener nuestras Fuerzas Armadas en todo aspecto, incluido, los procesos judiciales.
