El juicio oral contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán de la Puente, se reanudó este martes con su participación de manera virtual desde su domicilio. La exautoridad municipal enfrenta una acusación fiscal por presuntos delitos de lavado de activos, cohecho pasivo propio y negociación incompatible, entre otros cargos que suman un pedido de 29 años de prisión formulado por el fiscal José Domingo Pérez.
Durante la audiencia, la defensa legal de Villarán, a cargo de la abogada Merly Edquen Olivera, presentó sus alegatos de apertura ante el tribunal. En su intervención, sostuvo que el objetivo central de la defensa será demostrar que la gestión de la exburgomaestre, entre los años 2011 y 2014, no estuvo orientada a favorecer intereses privados ni a encubrir actos de corrupción vinculados a las empresas brasileñas OAS y Odebrecht, como sostiene el Ministerio Público.
Fiscalía y Procuraduría exigen reparación civil de S/ 100 mil
Además del pedido de pena efectiva, tanto la Fiscalía de la Nación como la Procuraduría General del Estado han solicitado que Villarán y los otros 16 procesados en este caso paguen una reparación civil de 100 mil soles en favor del Estado peruano. Según los fundamentos presentados por la Procuraduría, los imputados habrían recibido aportes ilícitos de constructoras brasileñas para financiar las campañas del “No a la revocatoria” y la reelección municipal de Villarán.
De ser hallada culpable, la exalcaldesa deberá cumplir una de las penas más severas impuestas en casos de corrupción vinculados a gobiernos locales. No obstante, especialistas advierten que, aunque las condenas incluyan reparaciones civiles, en muchos procesos similares —como los de Vladimiro Montesinos o Alberto Fujimori— estas no llegan a ser canceladas en su totalidad.
