Entre 2019 y 2025, el Ministerio Público registró 6.616 investigaciones fiscales por lavado de activos, pero solo 234 culminaron con una sentencia condenatoria en primera instancia, lo que representa el 3,54% del total. Así lo revela el informe 286 de la Defensoría del Pueblo, que advierte sobre las demoras en la respuesta del sistema de justicia frente a este delito.
Investigaciones prolongadas y consecuencias económicas
El informe advierte que algunas investigaciones pueden extenderse durante 17 o hasta 24 años sin alcanzar una resolución definitiva. Durante ese tiempo, las personas investigadas pueden enfrentar restricciones económicas y dificultades para acceder a servicios financieros, como abrir cuentas bancarias, obtener créditos o realizar operaciones dentro del sistema formal.
Asimismo, la Defensoría alerta sobre las consecuencias de medidas como el congelamiento de fondos y activos, que pueden afectar el patrimonio de los investigados. Entre otros problemas, también se identificaron dificultades de coordinación y acceso a información de entidades como Reniec, Sunarp, Sunat, la SBS, la Unidad de Inteligencia Financiera y Migraciones.
Finalmente, especialistas advirtieron que las investigaciones prolongadas pueden afectar la seguridad jurídica, especialmente cuando existen sospechas de un posible uso con fines políticos o en disputas comerciales y empresariales. En ese contexto, señalaron la necesidad de mejorar la actuación de los operadores de justicia para evitar que una investigación se extienda durante años sin una resolución definitiva.
