La liberación de ocho militares implicados en la muerte de cinco personas en un paraje del VRAEM ha generado sorpresa e indignación entre los familiares de las víctimas. El hecho ocurrió durante un operativo en la carretera Colcabamba–Ayacucho, donde una camioneta fue interceptada y atacada a balazos el último fin de semana.
Uno de los sobrevivientes, identificado como Ricardo, quien también recuperó su libertad, denunció que fue amenazado por efectivos militares para declarar que transportaba armas y droga. Según su testimonio, los intervenidos no sabían que se trataba de militares, ya que estos se encontraban vestidos de civil y encapuchados. “El chofer quiso escapar porque pensó que eran asaltantes”, relató, asegurando además que fue obligado a firmar una versión incriminatoria bajo amenazas de muerte.
El ataque dejó tres sobrevivientes, dos de ellos con pronóstico reservado tras recibir más de diez impactos de bala. Solo uno logró escapar saltando de la camioneta al inicio de los disparos y permaneció oculto hasta entregarse horas después a la Policía. En documentos previos, se consignaba que los ocupantes habrían transportado droga; sin embargo, la defensa sostiene que dichas declaraciones fueron obtenidas bajo coacción.
INVESTIGACIONES EN CURSO
El abogado de los agraviados, Anthony Quispe, respaldó esta versión y afirmó que su patrocinado fue obligado a firmar un acta elaborada por los propios militares. En tanto, el Ministerio Público informó que la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Junín viene recopilando pruebas y ha dispuesto la aplicación de protocolos internacionales para investigar posibles ejecuciones extrajudiciales. Asimismo, se confirmó que el conductor del vehículo era un ciudadano colombiano sin antecedentes en el país.
