Las recientes declaraciones del jefe de la División de Investigación de Extorsiones de la Policía Nacional del Perú, coronel Holger Ovando, han puesto en el centro del debate la responsabilidad penal asociada al uso de cuentas bancarias y billeteras digitales vinculadas a delitos de extorsión. La autoridad policial advirtió que los titulares de estos monederos o cuentas receptoras pueden ser incorporados en procesos penales, al considerarse un posible nexo con el delito, incluso si no se demuestra una participación directa inicial.
Este pronunciamiento ha generado preocupación entre especialistas y ciudadanos, sobre todo tras conocerse el caso de una mujer de 77 años que permanece recluida en el penal de Chorrillos. La adulta mayor es investigada por presuntamente haber recibido dinero de origen ilícito a través de una cuenta digital que, según su entorno familiar, habría sido abierta sin su conocimiento ni autorización. El caso evidencia los riesgos que enfrentan los usuarios ante sistemas de apertura de cuentas que, según expertos, no siempre garantizan una verificación rigurosa de identidad.
SBS bajo la lupa por controles en apertura de cuentas digitales
Abogados y especialistas en derecho del consumidor coinciden en que no se puede asumir automáticamente que el titular de una cuenta es responsable de un delito, ya que las organizaciones criminales suelen operar utilizando identidades ajenas. En ese sentido, señalan que las entidades financieras deben actuar con mayor diligencia, implementando mecanismos de identificación más sólidos, como estándares de verificación biométrica y facial supervisados por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
Asimismo, se ha planteado la necesidad de que exista algún sistema oficial que permita a los ciudadanos verificar si tienen cuentas o billeteras digitales abiertas a su nombre, sin comprometer información sensible. Mientras ello no ocurra, los especialistas recomiendan que, ante cualquier sospecha, las personas acudan directamente a las entidades financieras para confirmar su situación, reporten el hecho a la Policía Nacional del Perú y, de ser necesario, presenten un reclamo ante Indecopi. En un contexto marcado por la lucha contra la extorsión, advierten que la falta de controles podría derivar en investigaciones injustas que afecten gravemente la vida de ciudadanos inocentes.
