El próximo año, la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR) asumirá las funciones del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), como parte de la estrategia del gobierno para enfrentar la organización delictiva dentro de los penales. Esta medida busca mejorar la gestión penitenciaria y fortalecer el control interno en los centros de reclusión.
Sin embargo, la decisión ha sido rechazada por representantes de los sindicatos del INPE, quienes aseguran que se trata únicamente de un cambio de nombre y no resolverá los problemas estructurales del sistema penitenciario del país.
Jean Paul Pérez, del sindicato Unión Nacional de Trabajadores Penitenciarios, explicó que no se está abordando la problemática de fondo, como el aumento del presupuesto para los sistemas de seguridad en los penales y la apertura de plazas para el ingreso de nuevo personal.
Además, los sindicatos advierten que la limitación tecnológica del sistema penitenciario continuará con la nueva superintendencia. A pesar de las constantes requisas, las extorsiones siguen registrándose, aunque, según Pérez, la mayoría de llamadas extorsivas no provienen del interior de los penales.
EXTORSIONES DESDE PENALES
Pérez aseguró que el porcentaje de extorsión generado desde los penales es muy bajo. “El 95% de llamadas no salen de los penales, están saliendo desde fuera”, indicó, destacando la necesidad de reforzar medidas de seguridad y actualizar la tecnología para controlar estos delitos de manera efectiva.
