Una fiscal cuya identidad se mantiene en reserva denunció que desde hace meses enfrenta una serie de amenazas, hostigamiento y seguimientos vinculados a casos que tramitó cuando laboraba en el distrito fiscal de San Juan de Lurigancho. La magistrada reveló que incluso sobrevivió a un atentado en abril gracias a la intervención oportuna de su personal de seguridad, situación que motivó una alerta de riesgo alto para su integridad.
Amenazas directas y vigilancia constante agravan el riesgo para operadores de justicia
Según relató, en los últimos días volvió a recibir mensajes intimidatorios en los que se le responsabiliza por decisiones fiscales adoptadas en procesos de homicidios, feminicidios, delitos sexuales y otros casos de gravedad. En uno de estos comunicados, remitidos por sujetos que usarían el alias “Batería”, se advierte que conocen su domicilio, sus desplazamientos y el hecho de que cuenta con resguardo policial.
La fiscal indicó que ya presentó una nueva denuncia sobre estas amenazas y agradeció el apoyo inmediato de las unidades policiales asignadas a su protección. No obstante, advirtió que el nivel de exposición al que se encuentran muchos operadores de justicia supera la capacidad de respuesta institucional debido a limitaciones presupuestales y tecnológicas, lo que deja amplios espacios de vulnerabilidad frente a organizaciones delictivas.
Por ello anunció que acudirá a la Presidencia del Ministerio Público para solicitar medidas adicionales y autorización para informar a otras instancias estatales sobre su situación. La magistrada insistió en que, pese al riesgo, continuará ejerciendo sus funciones y pidió una estrategia integral que permita fortalecer la seguridad de fiscales que enfrentan amenazas similares en todo el país.
