La Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York autorizó al Estado peruano solicitar información vinculada a la adquisición de la concesión Rutas de Lima por parte de Brookfield, abriendo la posibilidad de revisar el origen y financiamiento de esta operación.
La medida permitirá al Estado peruano acceder a transferencias y flujos de fondos entre la empresa canadiense y la concesionaria, según indicó Roxana Rocha, regidora metropolitana de Lima. "Este es un fallo histórico, nunca antes visto por ninguna gestión de la municipalidad ni del Estado peruano", afirmó.
Rocha destacó que con esta información se podrá verificar posibles pagos indebidos, transferencias sospechosas o movimientos de dinero irregulares, así como determinar si la compra de derechos de acciones contó con la debida diligencia.
RELEVANCIA DE LA INFORMACIÓN
Por su parte, Adrian Simons, abogado especialista en arbitrajes, advirtió que aún es prematuro afirmar que esta decisión judicial favorecerá al Perú en la disputa por el cobro de peajes, ya que la relevancia de la información dependerá de lo que efectivamente se obtenga de las empresas y bancos involucrados.
La Municipalidad de Lima indicó que los documentos podrían confirmar si la concesión de Rutas de Lima fue perjudicial para el Estado. Según Rocha, el contrato original, firmado durante la gestión de Susana Villarán en 2013, carecía de cláusulas favorables a la municipalidad y sufrió modificaciones que extendieron el plazo de 20 a 30 años, en beneficio de la concesionaria.
