El atentado que dejó un pasajero fallecido y cuyo vehículo fue registrado en imágenes generó conmoción entre los trabajadores de la empresa San Genaro, quienes aclararon que la unidad atacada no forma parte de su servicio formal. Aseguraron que se trataba de una combi pirata que utiliza los mismos colores y logotipos de la compañía para confundirse entre las unidades autorizadas. Por ello, pidieron que se cubra el rostro y cuerpo de quienes brindan declaraciones, y que una de las testigos tenga su voz distorsionada por seguridad.
Los trabajadores explicaron que en esta ruta existen dos grupos: transportistas formales e informales. Indicaron que las unidades piratas se identifican por ciertos stickers colocados en la parte posterior, relacionados al pago de cupos. Además, señalaron que estos vehículos no cuentan con licencia, revisión técnica ni los permisos municipales correspondientes. “El problema no es la empresa, el problema son los piratas”, aseguró uno de los empleados, quien destacó que estas combis operarían bajo amenaza de extorsionadores.
Según relataron, las unidades informales portarían dos tipos de stickers supuestamente vinculados a organizaciones de cobro de cupos: uno con la imagen de Pablo Escobar, colocado tanto en la parte delantera como posterior del vehículo, y otro con la figura de un león. Pese a que San Genaro no ha sido víctima directa de extorsión, los trabajadores dijeron que viven con temor, ya que los piratas circulan con las mismas franjas y rutas. Un conductor de la zona afirmó que estos cobros ilegales serían constantes y llegarían a entre cinco y siete soles diarios por unidad.
LLAMADO A LAS AUTORIDADES
Finalmente, los trabajadores de la empresa San Genaro hicieron un llamado urgente a las autoridades competentes para intensificar el control sobre las unidades informales que continúan operando con total impunidad por las calles. Señalaron que estas combis no solo ponen en riesgo a los pasajeros, sino que además exponen a los transportistas legales a ser confundidos con quienes sí están involucrados en pagos de cupos y disputas entre organizaciones criminales dedicadas a las extorsionadores.
