El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) reveló que entre enero y julio de 2025 los casos de extorsión en la capital aumentaron en un 50%, reflejando un preocupante incremento de este delito clandestino. No obstante, del total de 295 internos ingresados a los penales por extorsión, apenas 11 cuentan con sentencia firme, mientras que los restantes 284 aún no han sido condenados.
Expertos plantean soluciones ante la complejidad de las extorsiones
El ex ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, señaló que la extorsión es un delito difícil de sancionar debido a su carácter clandestino, ejecutado a través de llamadas telefónicas, mensajes y otros métodos que dificultan la recolección de pruebas. Para revertir esta situación, Pedraza propuso dotar a la policía de más recursos, así como la creación de unidades especializadas en la lucha contra la extorsión dentro de la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial.
Además, recomendó establecer una justicia especializada en extorsión, lo que permitiría agilizar los procesos judiciales y lograr condenas más rápidas. Según el experto, estas medidas podrían contribuir a reducir la incidencia de este flagelo en el país y a garantizar mayor seguridad para la ciudadanía afectada.
En paralelo, Pedraza sugirió reclasificar a ciertos internos por delitos menores para aliviar el hacinamiento penitenciario y priorizar espacios para aquellos que representan un riesgo real para la sociedad. Actualmente, el país cuenta con 69 penales, muchos de los cuales operan con una población superior a su capacidad, lo que resalta la necesidad de políticas que optimicen la gestión penitenciaria.
